Revista Estudos Políticos

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Juan Montes Cató, Paula Lenguita y Paula Varela son investigadores en el Centro de Estudios e Investigaciones Laborales del CONICET y docentes de la Universidad de Buenos Aires.

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Resumo

Desde 2003 observa-se uma reativação da ação sindical na Argentina. Um dos fenômenos mais inovadores deste processo tem sido a ação nos locais de trabalho. Ela tem se dado através de comissões internas e delegados que disputam o uso da força de trabalho e propõem margens de autonomia em relação às cúpulas dos sindicatos. O objetivo deste artigo é analisar a fase atual de acumulação de poder sindical, dando relevo ao protagonismo que tiveram as comissões internas. Aborda-se o momento histórico de consolidação sindical nos locais de trabalho, as dificuldades enfrentadas, sua crise e a potencialidade que têm no contexto atual. O artigo baseia-se em material bibliográfico e em uma reflexão em torno das investigações empíricas desenvolvidas.

Palavras-chave

Sindicalismo, conflito, movimento operário, Argentina 

Abstract

There is and reactivation of the labor union in Argentina since the 2003. One of the most novels phenomenon is the labor union action in workplaces through delegates and intern commissions who fights the work force use and proposed autonomy margins about the leadership domes of trade unions. This paper objective is to analyze the current phase of union power recovering the leading place of the intern commissions. The historical moment of labor union consolidation in the workplace, the paths through which passed, their crisis and the potential in the current context it’s also approach. The paper is based on library materials and a reflection on empirical research carried out and ongoing.

Keywords: syndicalism, labor union, Argentina, labor movement.

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Introducción

El movimiento obrero en Argentina se consolidó en el período de transición entre el modelo agroexportador de principios de fines del siglo XIX y el industrial de sustitución de importaciones de 1930. En esta etapa los sectores populares y los trabajadores estaban excluidos del sistema político ya que no se garantizaba el voto secreto, universal y obligatorio y el de las mujeres estaba directamente prohibido. No existían prácticamente derechos laborales y los salarios los definía unilateralmente los patrones, las jornadas de trabajo eran extenuantes, las condiciones de explotación altísimas y no existía un sistema de salud que pudiese contener las aspiraciones de los obreros y sus familias. La organización obrera estaba prácticamente prohibida, las organizaciones actuaban en los lugares de trabajo en la semi-clandestinidad y la forma en que se vinculaba el Estado con el movimiento obrero era a través de la represión que llevó a la sanción de la Ley de Residencia que permitía deportar a trabajadores “agitadores” por su participación en luchas, clausurar periódicos y allanar locales.

A pesar de las políticas represivas, las corrientes anarquistas y socialistas lograron encontrar canales de representación institucional para el movimiento obrero. Cuarenta años después con la experiencia del peronismo (iniciada en 1945), el cuadro de situación será muy diferente. Los trabajadores y trabajadoras participarán activamente del sistema político. Se conquistan viejas reivindicaciones como la mayor participación en el ingreso, se sancionan leyes laborales beneficiosas para los trabajadores y existe una activa negociación colectiva de trabajo. Los dirigentes sindicales por primera vez forman parte del poder político y se desarrolla una fuerte presencia en los lugares de trabajo bajo la figura de las comisiones internas que permite dotar de autonomía relativa al movimiento obrero con respecto a la dirigencia política. En 1954 el modelo mostrará los primeros signos contradictorios, contradicción que marcará gran parte de la historia hasta el golpe de Estado de 1976. Por un lado los sectores dominantes buscan aumentar los márgenes de rentabilidad a costa de los trabajadores, el gobierno conteniendo las reivindicaciones obreras y estos últimos habiendo ganado autonomía, buscan mantener las conquistas obtenidas.

El corolario de este proceso complejo y cambiante culmina en el ’76 donde se sientan las bases de la restauración conservadora ahora con signos neoliberales. El terrorismo de Estado desarticuló las organizaciones sociales reprimiendo y persiguiendo a sus militantes. La hiperinflación de la década de los ´80 habilitó y legitimó en cierta medida los llamados cambios estructurales y la implementación del modelo neoliberal. Montado sobre ambos procesos, la alta desocupación de la década de los ’90 puede leerse como un continuo que profundizó la fragmentación social al erosionar los proyectos colectivos.

Será en la década de los ’90 cuando el modelo neoliberal impondrá sobre la clase trabajadora todo el peso de un programa económico y social que suponía la exclusión de enormes contingentes de la población del mercado de trabajo a través de la alta desocupación, el trabajo no registrado, la flexibilidad  y precariedad de los ocupados, congelamiento de salarios y un fuerte disciplinamiento. En este marco una parte importante de la dirigencia sindical privilegió sostener las estructuras sindicales cuando no directamente hacerse beneficiario de las prebendas que les concedía el gobierno menemista a aquellos dirigentes que acompañaron las medidas a cambio de la desmovilización de las bases.

Luego de la pérdida del salario en el 2002 producto de la devaluación[1], a partir del 2003 se inicia un proceso de recuperación salarial, disminuyó a más de la mitad la desocupación de la mano de un incipiente desarrollo industrial, se llevaron adelante políticas sociales que sin cambiar los rasgos de segmentación típicas de la década anterior ampliaron el número de beneficiarios de manera exponencial, se llevaron adelante otras con fuerte impacto favorable sobre la indigencia y  en la educación como el plan para menores de 18 años (que contiene aspiraciones universales)[2] y se recuperó cierta cultura asociada al trabajo, por ejemplo a través del plan de Cooperativas Argentina Trabaja. En este marco se dieron por tierra algunos aspectos de la normativa laboral anterior (en especial aquellos relacionados con la entrada y salida de trabajadores) y los sindicatos recuperaron parte del protagonismo perdido conduciendo la conflictividad social y constituyéndose (principalmente la corriente del MTA[3] que conquista la dirección de la CGT) en aliado estratégico del gobierno. Se presenció un aumento del activismo de base en los lugares de trabajo, acto reflejo de una rica tradición argentina que forma parte de la cultura obrera.

En términos comparativos, la experiencia sindical en Argentina presenta una particularidad: el rol desempeñado por sus bases organizadas en Comisiones Internas y Cuerpos de Delegados en la configuración del conflicto laboral. Son muchos análisis, y de diversas corrientes de pensamiento los que destacan este principio militante sindical en el lugar de trabajo, como experiencia singular respecto a otras de América Latina y el mundo. Esta característica puede rastrearse ya en la primera mitad del siglo pasado, en el significativo protagonismo de las organizaciones de base en lucha obrera, a partir de la década del ‘40.

Es por esto, que el protagonismo de comisiones internas y cuerpos de delegados en el lugar de trabajo se vuelve un eje clave para comprender el poder sindical en la Argentina contemporánea. En vista de ello adquiere de interés la pregunta acerca de cuál es el peso explicativo de las organizaciones de base sobre la experiencia de conflictividad obrera. Más aún, si tenemos en cuenta que ese eje local del sindicalismo fue el objeto privilegiado de la ofensiva patronal, es porque constituye el ámbito más radicalizado de la confrontación obrera. De tal modo, pretendemos avanzar sobre una comprensión actual del sindicalismo en el lugar de trabajo.

Para reconstruir la importancia teórica y política de estas organizaciones de base, nos concentraremos en dos ejes de abordaje. Por un lado, el que resalta la capacidad “estratégica” de la organización en el lugar de trabajo, orientada al control de la producción por parte de los trabajadores. Es decir, las comisiones internas y cuerpos de delegados como organismos de base que disputan la rentabilidad a nivel de la dominación celular. Por otro, el que indaga en las tensiones que genera la organización en el lugar de trabajo respecto del sindicato como estructura centralizada y estatizada, y respecto del gobierno. En cualquier caso, ambos recorridos nos llevan a la evidencia empírica de una combinación de enfrentamientos hacia ese activismo de base, ya sea porque atentaba contra la rentabilidad empresaria, ya sea porque atentaba contra las cúpulas burocratizadas y la política gubernamental, que tendió desde la patronal y desde cúpulas burocratizadas a querer moderar o directamente obstaculizar su desarrollo. Sin embargo, visto como un todo, el protagonismo de las bases obreras en los momentos de contienda con las patronales se muestra como la piedra angular de una rebeldía popular que no pudo ser controlada ni en los momentos más álgidos de la represión estatal.

Dichos objetivos serán desarrollados abordando primero los rasgos principales del fenómeno de las comisiones internas tomando en cuenta los estudios historiográficos sobre la temática, luego analizamos la actual reaparición del fenómeno político de sindicalismo de base en Argentina en el marco de la recuperación del empleo desde el 2003, y hacia el final, se retoman los debates que consideramos más importantes sobre el papel de estas organizaciones de base, reflexionando sobre el futuro de las luchas obreras en nuestro país. El artículo está basado en investigaciones empíricas que venimos desarrollamos[4] y en una lectura selectiva de materiales historiográficos.

1. Surgimiento y consolidación de las comisiones internas

Las comisiones internas y cuerpos de delegados han jugado un papel clave en la historia del movimiento obrero argentino. Y por ende, en la historia política de nuestro país en el siglo XX, signada por el accionar de una fuerte clase obrera organizada. Dicho de otro modo, no es posible comprender los últimos 60 años en Argentina sin otorgar un lugar destacado al estudio del rol que han jugado las organizaciones sindicales de base en el lugar de trabajo, su papel en la lucha de clases, y su relación con la cúpula sindical hegemonizada por el peronismo.

El autor que, quizás, mejor señala este carácter político (y no sólo sindical) que adquieren las acciones de la clase obrera organizada en comisiones internas en nuestro país es Adolfo Gilly al sostener que “la forma específica de organización sindical politizada de los trabajadores al nivel de la producción no sólo obra en defensa de sus intereses económicos dentro del sistema de dominación – es decir, dentro de la relación salarial donde se engendra el plusvalor-, sino que tiende permanentemente a cuestionar (potencial y también efectivamente) esa misma dominación celular, la extracción del plusproducto y su distribución y, en consecuencia, por lo bajo el modo de acumulación y por lo alto el modo de dominación específicos cuyo garante es el Estado” (Gilly, 1985, p. 20). Esta definición del autor coloca el análisis de las comisiones internas y cuerpos de delegados, en una dimensión que excede por mucho el ámbito estrictamente sindical y que avanza en pensar a estos organismos de base en los lugares de trabajo desde su potencialidad de, partiendo de enfrentar al capital allí mismo donde se extrae el plusvalor, cuestionar la dominación capitalista en su conjunto[5].

En la historia argentina, esta potencialidad que presentan las comisiones internas y cuerpos de delegados, se ha expresado en distintos grados en función de los distintos momentos económicos y sociopolíticos del país. Efectivamente, las comisiones internas y cuerpos de delegados en tanto “objeto” de análisis e investigación en la historiografía, fue abordado por algunos autores que han destacado a estos organismos sindicales de base como particularidad del sindicalismo peronista en Argentina, ya sea en los estudios sobre los orígenes del peronismo y/o de su consolidación como referencia hegemónica de la clase obrera en nuestro país. Allí encontramos autores de diversas perspectivas teóricas como Torre (1983), Doyon (1984), James (1990) cuyo punto de convergencia consiste en señalar la importancia que asumen las comisiones internas y cuerpos de delegados a partir de la llegada de Perón al poder, como particularidad de un movimiento sindical que cobraba, en la década del 40, cada vez mayor protagonismo. Al respecto Torre sostiene que “entre 1946 y 1955, y paralelamente a la redistribución del ingreso y al reforzamiento de los órganos contractuales en el mercado de trabajo, los obreros obtuvieron bajo el peronismo una gravitación inédita en la vida de las empresas, a través de la implantación de las comisiones internas a lo largo de la industria y la reglamentación de las condiciones de trabajo por convenio.

Se dio así la experiencia, históricamente infrecuente, de una clase trabajadora joven todavía en formación, como era aquella que afluía a las fábricas y talleres en los años cuarenta, que llegaba a ocupar posiciones de control sobre el lugar de trabajo realmente excepcionales.” (Torre, 1983, p. 89). En este sentido, las organizaciones sindicales en los establecimientos y su poder de disputar las condiciones de trabajo frente a la patronal, fueron el correlato al interior de la empresa del mayor peso que habían alcanzado los trabajadores desde mediados de la década de 1940 en la sociedad Argentina.

Esta “gravitación inédita” de la clase obrera en la vida de las empresas a la que refiere Torre y que aparece como una realidad ineludible en el análisis del movimiento obrero de 1946 en adelante, abre una serie de preguntas. Por un lado, las referidas a las consecuencias de ese poder obrero en el lugar de trabajo para la rentabilidad empresaria. Es decir, el poder obrero en el núcleo de la dominación celular, en el centro mismo de producción de riqueza, como puesta en duda de “quién manda en la fábrica”, como potencial “doble poder”. Allí, los delegados operan como una suerte de contrapunto del líder o supervisor. Los delegados como encarnación del poder del colectivo obrero, los líderes o supervisores como encarnación del poder de mando del capital. Esta amenaza de doble poder que representan los delegados en el lugar de trabajo la resume claramente Gelbard (representante de la cámara empresaria afín al peronismo, la CGE en 1955) cuando afirma, en el famoso Congreso de la Productividad, que “Tampoco es aceptable que por motivo alguno el delegado toque su silbato en una fábrica y la paralice”[6]. Esta pequeña frase es bien ilustrativa. Lo que no es aceptable, para la patronal, es que los obreros controlen la producción y, por ejemplo, la paralicen por decisión propia independiente del plan patronal y de sus gestores, los supervisores o líderes.  Lo que no es aceptable es ese doble poder potencial que encarnan los delegados de base y comisiones internas.

Por otro lado, esta “gravitación inédita” de la clase obrera en los lugares de trabajo, abre también una serie de preguntas acerca de la relación entre esos organismos sindicales de base en el lugar de trabajo y el gobierno peronista, basado en una fuerte centralización y estatización de la estructura sindical[7]. Es decir, ¿cuál era la relación entre estas comisiones internas y cuerpos de delegados, y la cúpula sindical del gobierno de Perón? ¿eran las comisiones internas y cuerpos de delegados organismos de control de la cúpula sindical peronista, y por ende, del gobierno de Perón sobre las bases obreras? O por el contrario, ¿eran las comisiones internas y cuerpos de delegados organismos de control por parte de los trabajadores de base hacia las cúpulas sindicales estatizadas?

Estas preguntas son centrales, en la medida que refieren a un problema ampliamente discutido en la historiografía pero también en la vida política de la clase obrera argentina: el problema de la autonomía o heteronomía de la clase obrera respecto del gobierno peronista, o, dicho en los términos que lo coloca James (1981), el problema de la integración de la clase obrera en el plano político y sindical por parte del peronismo a través de la burocratización de las organizaciones obreras. Para Doyon (1984, p. 214) en sus orígenes las comisiones internas y cuerpos de delegados no fueron una creación “desde arriba” por parte del peronismo, sino que fueron producto de la presión desde las bases pero se vieron beneficiadas por un respaldo legal proveniente del régimen de asociaciones profesionales. La definición de sus funciones no fue incluida en la ley de Convenios Colectivos de 1953 que sancionaba las prácticas desarrolladas a partir de 1945 en el ámbito de la negociación colectiva.

Este señalamiento de los organismos de base como producto de la presión desde abajo, no debe hacer pensar, polarizadamente, que la cúpula sindical peronista y el propio gobierno de Perón tuvieron como política homogénea el combate abierto a las comisiones internas o cuerpos de delegados. Lo que más bien aparece como característica entre estos organismos de base y gobierno peronista (basado en un sindicalismo estatizado) es una relación contradictoria o en tensión. Como señala Marcos Schiavi (Schiavi, 2009, p. 24), “frente a las reivindicaciones de los trabajadores en sus puestos de trabajo la dirigencia de los distintos sindicatos y de la CGT debió mantener posiciones ambivalentes. Estas eran consientes de que dependían de decisiones gubernamentales para continuar en sus posiciones pero también sabían que no podían no tener consenso de las bases” (Schiavi, 2009, p. 24).

Las comisiones internas y cuerpos de delegados ponían en evidencia la contradicción central de la cúpula sindical entre su dependencia del estado (y del gobierno) que garantiza su legalidad y sus ingresos, y su dependencia  de los trabajadores en las bases que garantizan su legitimidad. Esta contradicción se expresa abiertamente ante la política de aumento de la productividad (denominado proceso de racionalización), del segundo gobierno de Perón. El Congreso de la Productividad y del Bienestar Social (último intento del gobierno de Perón de dar una salida a través del aumento de la productividad a la crisis abierta en la Argentina a principios de la década del 50), pretendía que obreros aceptasen la racionalización y limitasen el poder “inmoderado” de las comisiones internas (James, 1981).

El golpe de estado de 1955 es un intento de las clases dominantes de resolver esta contradicción que el peronismo en el poder no pudo resolver. Como señalan Ruth Werner y Facundo Aguirre, “a partir de entonces [el golpe de 1955] las políticas estatales configurarán una relación más compleja de “integración” y enfrentamientos con las direcciones gremiales; la contradicción entre el control estatal a través de la burocracia sindical y la presión de los trabajadores a través de la organización de base, son claves para comprender la dinámica de la lucha de clases contra los distintos gobiernos del “régimen libertador” y posteriormente la crisis en el movimiento sindical argentino durante los años ’70, así como su tendencia a escindirse horizontalmente” (Werner y Aguirre, 2007, pp. 190-191)

Justamente a esta tarea de analizar esta contradicción entre control estatal a través de las direcciones burocratizadas y la presión de los trabajadores a través de la organización de base, como elemento central para comprender la dinámica de la lucha de clases, las distintas crisis de régimen político e incluso las crisis estatales, se han volcado una serie de investigaciones recientes revitalizando la mirada sobre las comisiones internas y cuerpos de delegados antes del golpe del ’76 (Pozzi y Schneider, 2000, ; Lobbe, 2006 ; Werner y Aguirre, 2007 ; Santella y Andujar, 2007 ; Izquierdo, 2008; Schneider, 2009; Schiavi, 2009). Estos trabajos, cada uno de los cuales investiga distintos momentos históricos, distintas ramas de la producción o zonas geográficas y arriban a tesis propias, coinciden en ahondar en dos cuestiones relegadas en la historiografía: a) el enfrentamiento de las Comisiones Internas y cuerpos de delegados con las cúpulas sindicales peronistas, y b) la centralidad de esta oposición para entender los procesos histórico-políticos desde la Resistencia Peronista hasta el golpe del 76, y particularmente, el encarnizamiento de la última dictadura militar con las comisiones internas y cuerpos de delegados[8].

Además de su valor histórico, estas investigaciones aportan bases empíricas para redimensionar un hecho cuyos ecos llegan hasta la actualidad: el genocidio vivido en la Argentina en la década del 70. Los años previos al Golpe Militar[9], marcaron el momento en que las comisiones internas y cuerpos de delegados asumieron mayor protagonismo político. En el marco del Pacto Social acordado entre la CGE, la CGT y el tercer gobierno de Perón, cuyas consecuencias directas eran el deterioro de los salarios reales (a través de su congelamiento nominal), las protestas obreras comenzaron a tomar rasgos de radicalidad ya que se extendieron  las ocupaciones de fábrica, las huelgas por “tiempo indeterminado”, la demanda de elecciones libres dentro de los sindicatos y el reconocimiento oficial a las comisiones internas surgidos de la lucha contra las conducciones sindicales (Pozzi y Schneider, 2000). En este sentido, “las comisiones internas y los cuerpos de delegados comenzaron a cumplir un papel en el que se iban a proyectar crecientemente como un contrapoder fabril. Ya entonces entablaron disputa no sólo por mejoras económicas, sino también por el control del proceso de trabajo. Apareció, con ellos, un cuestionamiento (en ciertas ocasiones implícito y, en otras, muy explícito) del mando burgués dentro de la fábrica” (Werner y Aguirre, 2007, p. 110).

En 1975 se produjeron dos hechos de particular relevancia para observar la mayor tensión entre las bases organizadas en comisiones internas y cuerpos de delegados, y cúpulas sindicales bajo el tercer gobierno peronista. El primero, las huelgas de marzo en la ciudad de Villa Constitución cuyos protagonistas fueron las comisiones internas de varias fábricas metalúrgicas. El segundo, las huelgas de Junio y Julio contra el Plan del Ministro de Economía Celestino Rodrigo, conocidas como “Rodrigazo”, las cuales constituyen la primer huelga general con el peronismo en el gobierno. En estas jornadas de lucha de Junio y Julio, fueron clave el accionar de las comisiones internas y cuerpos de delegados agrupados en lo que se conoció como Coordinadoras Interfabriles. Unos meses después del Rodrigazo, se desataría el golpe de estado de 1976 que cortó, sangrientamente, este estado de rebelión en fábricas y lugares de trabajo. Y modificó, violentamente, no sólo la vida en las fábricas y lugares de trabajo, sino también el protagonismo político de los trabajadores.

2. La ofensiva patronal de 1976, el neoliberalismo de los noventa y las posibilidades de recomposición sindical en el kirchnerismo

La dictadura del 76 será un antes y después de la lucha obrera. En efecto, las tres décadas transcurridas a finales del siglo pasado han marcado en nuestro país una fuerte ofensiva patronal contra el movimiento obrero y el progresivo distanciamiento de las dirigencias sindicales de las reivindicaciones de las bases. Esto afectó directamente lo que venimos analizando en este artículo: el fuerte desarrollo organizativo en los lugares de trabajo. Mirado en el largo plazo ese proceso de ofensiva patronal fue sistemático, lo cual supone amplios recursos puestos a disposición y continuidad en el tiempo. Si bien la ofensiva responde a una relación dialéctica con la resistencia[10], cuenta claramente con un momento de ruptura histórica con el aniquilamiento de cuadros y dirigentes sindicales de la dictadura de 1976. Este proceso que afectó a las bases organizadas del movimiento obrero fue articulado con otros dos que se afianzaron, en especial durante la década de los noventa: la disciplina de la fuerza de trabajo vía reconfiguración del mercado de trabajo y la avanzada del capital sobre la cultura obrera.

Los tres procesos (desaparición de activista obreros, disciplinamiento por medio de la desocupación y la operatorio sobre la identidad obrera) que se cristalizan a fines del siglo XX permitieron un fuerte dominio del capital sobre el trabajo que puede ser comprendido sólo si previamente se conecta estos avances de los sectores dominantes con un proceso histórico previo como el de la dictadura. El terrorismo de estado implementado sistemáticamente desde 1976 operó violentamente sobre la presencia sindical en los lugares de trabajo, cercenando experiencias y eliminando cuadros activos. Como señalamos en el apartado anterior en relación con el caso de Villa Constitución, la violencia represiva hacia delegados y activistas obreros, no comienza con el golpe de estado sino con la Triple A[11].

El accionar de esta organización es la antesala del encarnizamiento represivo que luego tendría la dictadura hacia las organizaciones de base de la clase obrera. La persecución y desaparición de los delegados y activistas sindicales sería capitalizada años después por las políticas neoliberales menemistas para eliminar posibles resistencias a las políticas neoliberales que tenderían a afectar las conquistas obreras en materia laboral. De ahí que el programa neoliberal de erosión de conquistas obreras fue montado sobre el ya existente descabezamiento de sus cuadros importantes, debilitando la capacidad de respuestas de las organizaciones sindicales. Precisamente lo que buscó el capital a través de las políticas gubernamentales de la dictadura fue recomponer su control en el lugar de trabajo, en el propio núcleo de valorización del capital. Para ello cercenó los mecanismos de actuación sindical, interviniendo sindicatos, inhabilitando la negociación colectiva, reduciendo salarios y afectando el funcionamiento de las comisiones internas. Todo ello articulado con una progresiva desaparición de dirigentes sindicales.

En democracia y una vez avanzados los procesos de reformulación neoliberal de nuestra sociedad, la ofensiva del capital se desplegó por una vía indirecta sobre las organizaciones sindicales, afectando la base de sustentación de sus estructuras a partir de transformaciones del mercado de trabajo, en especial con el aumento de la desocupación (que en sus momentos más críticos superó el 20%), la precarización (que afectó a más del 40%) y a través de la expansión de formas contractuales que dificultan las prácticas sindicales tradicionales de vinculación con los trabajadores. En algunas empresas como las privatizadas el efecto de pérdida de afiliados y se presencia sindical en las oficinas fue enorme. Muchas de esas empresas vieron disminuido la cantidad de personal a la mitad. Se expandieron, a través de las leyes de las denominadas Formas Contractuales Promovidas una serie de tipos de contratos que facilitaron la reducción de costos pero a su vez, afectaron ciertos rasgos comunes al movimiento obrero con los cuales el sindicalismo estaba habituado a articular sus prácticas de representación (Martuccelli y Svampa, 1997).  A su vez, la vigencia y expansión de vínculos laborales fraudulentos como las pasantías educativas (en algunas empresas como las telefónicas alcanzaba a más del 60% de su personal en sus principales oficinas) también tendían a complejizar el mapa de representación. Complementariamente, los cambios en el proceso de trabajo a través de la tercerización condujo a gran parte de trabajadores a estar directamente fuera de la órbita de acción sindical (muchos trabajadores convertidos en “microemprendedores” pero atados a un vínculo de para-subordinación) o representados por sindicatos abiertamente alineados con las políticas neoliberales como el de Comercio.

Sobre la disminución de la base de representación y su configuración, el capital buscó operar sobre la cultura sindical a través de dos dispositivos complementarios. Por un lado se extendió un fuerte disciplinamiento que tuvo al alto desempleo como telón de fondo, con despidos masivos, muchos de ellos alcanzados con políticas empresariales disimuladas de falsa conformidad como los “retiros voluntarios”.  Los trabajadores que resistieron esas políticas fueron sometidos a tortuosas condiciones de trabajo y de aislamiento laboral para que acepten la desvinculación con la empresa. La nueva cultura laboral que el capital buscaba implantar en los lugares de trabajo tenía como uno de sus componentes más significativos el desacople entre los trabajadores y la experiencia sindical. Por ello es que muchas de las políticas de persecución y disciplinamiento tuvieron como foco de acción a los dirigentes de base, activistas con mayor experiencia que podían constituirse en sujetos de vinculación transgeneracional (Montes Cató, 2006).

Esas políticas coercitivas fueron articuladas con otras destinadas a fidelizar parte de la fuerza de trabajo, es decir cooptar a los propios trabajadores rompiendo las tradicionales identificaciones de clase y la capacidad colectiva de dar una respuesta de resistencia organizada. Por ello no se trata de dos alternativas sino que constituyen formas articuladas y diseñadas para operar en la cultura obrera argentina que tenía al lugar de trabajo como un ámbito de politización y movilización significativo.

En este contexto pueden encontrase diferentes y disímiles estrategias que asumió el actor sindical, pero ciertamente la dirigencia sindical dominante avaló en sus propios sindicatos y en su relación con el capital los preceptos neoliberales limitando las perspectivas de acción a simples gestores del descontento y solo vislumbraron delinear sindicatos de corte empresarial que permitía autonomizar su supervivencia organizativa a los destinos de sus representados.

El desgaste del modelo implantado en los inicios de los noventa y la paulatina re-organización del movimiento obrero y del campo popular, desde fines de los noventa fue cristalizándose en diferentes experiencias de resistencia en los lugares de trabajo (Lenguita y Montes Cató, 2009). Muchas de ellas gestadas en la clandestinidad frente a la empresa y en muchos casos frente a las propias dirigencia de los sindicatos[12]. Durante la década de los noventa las empresas telefónicas, los trabajadores del subte, los trabajadores de la salud en el hospital Malbrán son sólo algunas de las experiencias más exitosas de ese proceso, pero indicativas de cierto aprendizaje político en medio de condiciones de contracción de la actividad de base sindical.

A partir del 2003 el país creció a tasas excepcionales, fruto en parte de una devaluación que afectó negativamente el salario de los trabajadores (Basualdo, 2007). En ese marco los sindicatos comenzaron a reposicionarse como interlocutores del Estado y de la sociedad en su conjunto vía la negociación salarial (Palomino y Trajtemberg, 2007). El lugar que habían perdido frente a otras organizaciones sociales como la de los movimientos de desocupados o el de las empresas recuperadas (ambas innovaciones del campo popular de una importancia enorme) comenzaba nuevamente a ser dominado por las cúpulas sindicales. Claramente desde el ascenso del kirchnerismo los trabajadores organizados comandaron la conflictividad laboral, la negociación colectiva y, en términos políticos, por una alianza estratégica de las cúpulas sindicales con el gobierno, balancearon el peso específico que fue adquiriendo la oposición gubernamental. Esto último quedó claramente ilustrado en los momentos más agudos del conflicto con “el sector del campo” durante el lockout del 2008. En ese momento, las cúpulas sindicales tuvieron un rol significativo a través de la movilización de trabajadores y activistas a favor de la “resolución 125” impulsada por el gobierno[13].

Frente a esta recomposición de la capacidad de intervención de las organizaciones sindicales y la consiguiente recuperación de su protagonismo público se fue extendiendo un activismo de base (como se dijo, en algunos casos está vinculado a una recomposición que comienza a fines de los noventa), que potenció el desarrollo de experiencias sindicales de base en espacios productivos donde había sido arrasada o directamente inexistente. Este fenómeno si bien es difícil de mensurar puede ser caracterizado a través de ciertos indicadores que permiten aproximarnos al tema en términos cuantitativos. Por un lado, se verifica siguiendo los estudios del Observatorio del Derecho Social  (CTA, 2009) una amplia mayoría de conflictos circunscriptos al ámbito de la empresa, que representan el 78% del total. En segundo lugar, se consolida un crecimiento de los reclamos promovidos por sindicatos locales o seccionales, que explican el 64% de los casos en el 2009 (frente a un 51% el año anterior). En tercer lugar, persiste una importante cantidad de conflictos (un 14% del total) llevados adelante por trabajadores donde no se consigna la presencia de representantes sindicales o se trata de colectivos que poseen una representación de hecho (muchas veces opuesta a la conducción de la organización sindical) construida en el desarrollo del propio conflicto.

Esto último es muy importante, porque señala la existencia de conflictos que son encabezados por delegados o delegadas “de hecho”, que no cuentan con ninguna cobertura legal contra represalias patronales. En términos cualitativos, las características de esa presencia sindical en los lugares de trabajo (manifiesta tanto por sus conquistas o derrotas) demuestra que no se trata sólo de representaciones vaciadas de representatividad (en el caso de delegados que sólo funcionan como figuras decorativas) sino que se está frente a atisbos de recomposición sindical donde prevalece el principio de mayor participación. Ello a través de la incentivación de formas de consulta de las bases, aumento en la cantidad de activistas, consolidación de los derechos de los delegados y efectivo ejercicio. Esto aparece manifestado en diferentes sectores productivos: en transporte, el caso del subterráneo de Buenos Aires; telecomunicaciones, organización de los call center; comercio, en la discusión sobre prácticas antisindicales de los supermercados; alimentación, el caso de los delegados de la empresa Kraft; neumáticos Fate; salud, en el hospital Francés; autopartistas, caso Dana; químicos, la restitución de delegados en la empresa Praxair; sectores extractivos, la disputa con la dirigencia de los trabajadores petroleros de la Patagonia; transporte, la organización de los motoqueros; en el sector de trabajadores estatales con la elección de delegados en oficinas, institutos o dependencias que no contaban con representación; entre otros. Aunque disímiles en sus grados de organización, alcances y tendencias ideológicas lo que aparece como significativo es la emergencia de una tensión hacia el interior de los sindicatos que interroga sobre la forma de construcción de poder que se ha dado una parte del sindicalismo actual. Aparece reflejado en experiencias obreras vinculadas con partidos de izquierda, en otras donde tiene mayor preeminencia la CTA (trabajadores estatales) y ámbitos laborales donde prevalecen sindicatos enrolados en la CGT.

Para una parte de los dirigentes sindicales la realidad actual del sindicalismo es la muestra patente de que la estrategia de refugiarse en la propia estructura organizativa con la avanzada fuerte del capital en los noventa fue la correcta. Sin embargo, estimamos, primero que el precio para el movimiento obrero fue muy alto en términos de la caracterización detallada más arriba y segundo, ese mismo atributo señalado como acierto es el mismo que pone límites a la capacidad de desarrollar un programa progresivo de reivindicaciones laborales. Precisamente, uno de los puntos más débiles del modelo actual es la baja participación de los trabajadores en los destinos de sus organizaciones, participación que está en la base de todo proceso de movilización. A pesar de contar la Argentina con una legislación protectoria para los delegados[14] (fueros sindicales) mayor que en otros países, ¿cómo sería posible la defensa de los derechos laborales y la disputa por salarios más justos, sin un proceso de movilización que afecte el compromiso de los trabajadores? Ciertamente, aunque no garantiza aumenta significativamente las chances de hacer un ejercicio pleno de las potencialidades con las que cuenta la figura sindical en los lugares de trabajo.

La experiencia sindical reciente se ve como una vía para adquirir protagonismo en la demanda económica de muchos asalariados. Y el marco para avanzar, paulatinamente, en una cotidianidad obrera que equilibre la disputa por las condiciones de trabajo y los salarios, es la de recuperar una cultura obrera que supo tener en las comisiones internas una garantía de resistencia y de propuestas progresivas para los trabajadores.

3. La cuestión de la autonomía política y el control del proceso de trabajo: la doble dimensión de las comisiones internas

Un breve repaso sobre la literatura especializada en el tema nos plantea diversos ejes analíticos y abordajes específicos. Por un lado, los estudios del campo de la historiografía que, como hemos señalado el primer apartado, destacan la importancia de las comisiones internas y cuerpos de delegados en nuestro país y suelen concentrarse en una discusión acerca del rol de estas estructuras sindicales de base en el devenir nacional de la lucha obrera y en su relación con las estructuras sindicales estatizadas y el peronismo. En estos estudios historiográficos sobre la capacidad de dinamismo que ha brindado la lucha liderada por las bases sindicales, se muestra claramente cuál es el rol de la militancia gremial en la construcción de sus instituciones y formas organizativas. Dentro de este campo historiográfico, existe una delimitación especializada conformada tanto por académicos argentinos como extranjeros, ligada a la experiencia histórica de esa composición gremial y su rol en el desenvolvimiento político de las luchas obreras. Más aún, muchos de estos abordajes han convalidado la tesis según la cual la historiografía nacional requiere de una consideración especial (aún no lo suficientemente desarrollada) sobre estas estructuras de base sindical para comprender acabadamente el peso y dinamismo sindical en el área política nacional.

Por otro lado, los estudios del campo sociológico en los que la pregunta central reside en establecer las características específicas del lugar de la producción como espacio privilegiado de generación de capacidad política de las clases subalternas. Los estudios sociológicos sobre la especificidad política del lugar de trabajo en tanto clave explicativa del caudal articulador en las organizaciones sindicales, viene brindando desde hace décadas un complejo ángulo de consideraciones empíricas y teóricas sobre este particular espacio de construcción política de la clase obrera. Generalmente, desde concepciones marxistas el interés por este campo de disputa local en la lucha de clases ha sido mirado en distintos momentos históricos y en distintos escenarios geográficos. Los avances conceptuales en este campo siguen siendo expuestos a nuevos interrogantes constantemente en la medida en que se modifican el proceso de trabajo, como muestra la crisis del modelo fordista de producción en serie, basado en grandes conglomerados obreros.

La disminución de complejos fabriles que concentren miles de obreros, su combinación con nuevos procesos productivos y nuevas tecnologías, sumado a las modificaciones en el mercado de trabajo (con una fragmentación profunda entre efectivos, contratados, trabajadores en negro), obligan a profundizar el análisis sobre el lugar de trabajo como espacio privilegiado de accionar político de los trabajadores. En definitiva, obligan –tanto o más que antes- a repensar cuáles son hoy las “posiciones estratégicas” que potencian la capacidad de lucha de la clase obrera. Partiendo de sostener que el espacio productivo sigue siendo un ámbito privilegiado para juntar voluntades y llevar a cabo acciones de protesta, consideramos que una pregunta que debe profundizarse es la de las capacidades y potencialidades de trascender las experiencias particulares y aisladas en cada lugar de trabajo y transformar estas organizaciones de base en el espacio de articulación de la lucha obrera. En síntesis, nos preguntamos sobre la capacidad de que la organización gremial en el espacio productivo, actúe como un puente político y económico que trascienda los límites propios del sindicalismo como institución.

Ahora bien, estos dos abordajes diferenciados, el primero centrado en una pregunta histórica, el segundo centrado en una pregunta sociopolítica, no son autónomos ni disociables completamente. Entender que la experiencia sindical en el lugar de trabajo es un escenario privilegiado para comprender el potencial político de la clase obrera en general, permite reconstruir la historia de las luchas obreras en nuestro país, sus distintas etapas y desarrollos. Los planteos sociológicos sobre el dinamismo y configuración del movimiento obrero han visto desde hace tiempo la capacidad “estratégica” detentada por su lugar en la dinámica productiva, y cómo combinándolos con las experiencias concretas del devenir nacional de esa clase subalterna es posible comprender, como un todo, el complejo reticular de unas relaciones de fuerza siempre inestables y configuradoras del accionar sindical aquí y en el mundo. En definitiva, la comprensión “desde abajo” de las estructuras sindicales en el lugar de trabajo es en sí misma una pregunta teórica y política (porque apunta a la capacidad de acumulación de poder de los trabajadores, a la disputa por el control de la producción y al enfrentamiento de la autoridad empresaria), pero es también una pregunta histórica porque apunta a comprender la historia política de nuestro país.

Luego de esta breve descripción de los dos registros (el histórico y el sociológico) desde los que han sido miradas las organizaciones de base en el lugar de trabajo queremos realizar una serie de consideraciones. En primer lugar, que en la actualidad el problema que insiste en aparecer tanto para el análisis histórico como para el análisis sociológico, es aquel que delimita “el poder específico de la clase obrera en su espacio de producción” y cuánto puede expresarse ese poder específico en los casos donde las organizaciones de base de nuestro sindicalismo han contenido experiencias radicales. El hecho de que, en una historiografía clásica sobre el movimiento obrero, este problema haya sido abordado y se haya establecido con suficiencia conceptual la capacidad explicativa que tienen las instancias informales en la configuración del accionar político de la clase obrera, no resuelve la cuestión sino que es sólo una base ineludible. Debemos estar atentos a los déficits que puede tener extrapolar términos y nociones surgidas en otro momento histórico y social (mitad del siglo pasado), para comprender las herramientas obreras que se configuran en el espacio privilegiado del lugar de trabajo en la actualidad. Debemos preguntamos por cuáles son hoy las bases de sustentación y capacidad política de las organizaciones de base, aún a partir de comprender con ello sus estructuras de determinación económica y estratégica para disputar plusvalía. Es a partir de considerar los problemas que se presentan para el estudio considerado que podremos dar cuenta, quizás, de lo que compete al lugar de trabajo como escenario privilegiado para comprender los cambios en la composición y orientación del movimiento obrero del siglo XXI.

La otra consideración que proponemos debatir es acerca del lugar que ocupan las organizaciones de base en el lugar de trabajo en la articulación de la institución sindical. Al respecto consideramos que la presentación de alternativas excluyentes entre organizaciones de base y dirigencia dentro del sindicalismo, puede volverse un argumento maniqueo y un arma peligrosa para acceder a un análisis complejo de los acontecimientos que pretendemos conceptualizar. Puede, en definitiva, establecer una frontera entre las experiencias sindicales en el espacio productivo y las acciones de la clase obrera en su conjunto, de forma tal que las organizaciones de base queden encorsetadas al lugar de trabajo como techo de su accionar sindical. La interpretación gramsciana de la noción de hegemonía es interesante como contrapartida de esta pretensión interpretativa, en la medida en que refuerza la posibilidad de comprender cuándo el control patronal en su conjunto es puesto en riesgo a partir de la reacción del colectivo de trabajadores organizados en el lugar de trabajo.

La tercer y última consideración que nos interesa señalar aquí es la importancia del potencial organizativo del lugar de trabajo, es decir, el lugar de trabajo como espacio de recuperación de la acción y la pertenencia colectiva de clase. Más allá de los elementos estructurales que son determinantes para el recambio y la renovación de prácticas y estrategias político-gremiales, la clave de esta variación está en la fisonomía de la acción colectiva que integra y recupera un sentido general al padecer laboral. Y está en esa fuerza común lo que hace la diferencia. Una huelga puede ser exitosa o no, pero sin dudas es el producto de un accionar colectivo, una articulación políticamente próspera para modificar condiciones de partida y hacer de los sujetos involucrados un aprendizaje diferente, una experiencia formativa que difícilmente sea innocua para la herencia de experiencia de clase de la cual se partirá en otra contienda. Por lo dicho, es en la práctica colectiva de ese lugar de trabajo y es básicamente en el accionar gremial de esa estructura productiva donde debe buscarse el principio epistemológico para avanzar en la resolución del problema ensayado por estas líneas. Porque en esa  distinción hallamos la modificación estructural y estructurante de la cotidianidad del trabajador, hallamos la posibilidad de experimentar nuevos recursos y nuevas variantes para hacer de su realidad alienada algo más que la pura realidad salarial que lo motiva día tras día.

Ahora bien, esta experiencia sindical en los lugares de trabajo encontró en su historia una enemistad manifiesta por patronales que ven en ella la amenaza concreta al control productivo. Pero también encontró en sus propios dirigentes un recelo respecto a su capacidad de radicalizar posiciones frente a la disputa laboral. En cualquier caso, esa vitalidad que la militancia gremial manifestó en el pasado vuelve a aparecer en el presente, ahora sobre la base de un complejo cambio en la estructura económica de nuestro país y sobre el dinamismo de luchas y protestas sociales que marcaron la resistencia popular a la crisis nacional de comienzos de siglo. Y vuelve a plantear, bajo nuevas condiciones, las preguntas que marcaron debates en el pasado, como el problema de la democracia y la burocratización en el gobierno de las organizaciones sindicales; la tensión entre la cotidianeidad en el lugar de trabajo para la generación de confianza y control de las bases hacia los dirigentes, y la capacidad de trascender el lugar de trabajo en la acción colectiva; y el problema de la relación entre lo sindical y lo política, que abre nuevamente el debate sobre la relación entre las organizaciones sindicales y los partidos políticos.  

Conclusiones

La fase política y económica iniciada tras el gobierno de Néstor Kirchner en el 2003 marca un nuevo ciclo en la configuración de la relación entre el capital y el trabajo en nuestro país. El ciclo actual, implicó un fuerte crecimiento económico basado en el protagonismo de sectores productivos (como las industrias metalmecánicas o las alimenticias), en lugar de la acumulación de tipo financiera que se entronizó con Martínez de Hoz y que luego consolidaron los gobiernos de Menem y De la Rua[15]. Implicó también, la creación de miles de puestos de trabajo. En términos sintéticos, desde 2003 en adelante y luego de la crisis de 2001 y la devaluación de 2002, nuestro país mostró tasas excepcionales de crecimiento económico con crecimiento del empleo, tendencia que operó generando condiciones más favorables a los sindicatos para su establecimiento como líderes de la conflictividad social.

El aumento en la participación y el protagonismo de estas organizaciones frente a la disputa social a nivel nacional, marcó una nueva situación de este actor que, años atrás, venía perdiendo peso en el entramado político, en el que cobraron protagonismo los desocupados organizados en sus distintas vertientes y capacidad de aglutinamiento. Pero no solamente ese liderazgo se manifestó en conflictos abiertos con patronales e instituciones públicas, también se remarcó en la capacidad negociadora que se desarrolló en este último período, siendo parte central del aumento en los acuerdos y convenios establecidos en el sistema productivo argentino.

Frente a este aumento de la actividad sindical, la estrategia de “refugio” institucional que proliferó entre estas estructuras políticas en la década del noventa, fue devastadora para el movimiento obrero, porque limitó profundamente el potencial de resistencia que requería una ofensiva patronal como la que se operó en el neoliberalismo. Y además desplegó históricamente una inmovilidad para estas organizaciones que recién ahora, tras años de reactivación económica, marca un recupero tibio, ya que no sólo la militancia gremial ha perdido presencia política también pasa lo mismo en el terreno partidario y social en general.

La falta de participación sindical en los lugares de trabajo se combina con un proceso de fuerte burocratización de las dirigencias sindicales que se perpetúan en la cúpula de los sindicatos y obstaculizan (cuando no enfrentan directamente) la renovación de dirigentes. Pero también ha obstruido todo el aprendizaje político conseguido antes y con la dictadura militar, en una avanzada que dejó sin memoria histórica a muchos activistas y dirigentes sindicales de finales del siglo en nuestro país. Observar cómo se está gestando la presencia gremial en las empresas y lugares de trabajo es una tarea compleja pero estimulante, para comprender mucho de la historia política argentina, y sobre todo, para pensar el futuro.

La tarea de estudiar la experiencia actual del sindicalismo en los lugares de trabajo recrea un sinfín de interrogantes que parecían sepultados por la historia política de los últimos treinta años. Obliga a retomar una discusión sobre los retrocesos en las conquistas obreras, sus significados y formas de operar sobre los actores de carne y hueso. También a considerar la capacidad “estratégica” para sostener la resistencia laboral sobre distintas y particulares formas del capitalismo. Más aún, la actual recomposición del sindicalismo de base es el marco desde dónde considerar los rasgos cambiantes y permanentes de la politización del movimiento sindical, que en nuestro país no puede eludir el encuadramiento o la oposición al peronismo en el gobierno, en cada etapa y configuración de sus expresiones partidarias. Pero principalmente nos obliga a pensar la importancia de una militancia de base para revitalizar la capacidad de lucha de los sindicatos en la actualidad, para innovar en las medidas reivindicativas adoptadas en cada caso y para debatir con qué estrategias generales se ponen en marcha ciertas acciones gremiales para desafiar un poder económico que tiene al lugar de trabajo como campo de disputa fundamental.

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[1]La salida de la crisis del modelo económico en el año 2001 se produjo a través de una devaluación de la moneda del orden del 30% durante el año 2002.

[2] Se trata de una Plan destinado a jóvenes menores de 18 años por el cual se le asigna un monto de dinero a cambios de asistir a la escuela y contar con las vacunas al día.

[3] Movimiento de. Trabajadores Argentinos.

[4] Proyecto  “Prácticas y estrategias sindicales en el Cono Sur frente a la renovación de los gobiernos  2003-2008”, UBA 2010-2012 y  “Formas de organización colectiva y conflicto laboral. El dilema de la representación ante la crisis sindical”, UBA 2006 -2008.

[5] En la tradición marxista, han sido profusos los debates en la primera mitad del siglo XX acerca de la importancia de las comisiones internas (comités de fábrica) en la lucha de la clase obrera por el control obrero de la producción, entendido el control obrero como posibilidad de una estrategia revolucionaria por el control del Estado. El marxista italiano Antonio Gramsci decía, refiriéndose a las comisiones internas, que “hoy limitan el poder del capitalista en la fábrica y desempeñan funciones de arbitraje y de disciplina. Desarrolladas y enriquecidas, deberán ser mañana los órganos del poder proletario que sustituye al capitalista en todas sus funciones útiles de dirección y de administración” (Gramsci, 1991:36)

[6] Citado en Basualdo (2009: 8).

[7] A partir de 1943, la política impulsada dese la Secretaría de Trabajo bajo dirección de Perón combinaba un fuerte aliento a la sindicalización, con el establecimiento de un sistema de negociaciones colecticas fuertemente centralizado. En cada sector de la actividad económica se otorgó a un único sindicato el reconocimiento oficial que le permitía negociar con los empleadores de esa actividad. Se creó entonces una estructura sindical centralizada que abarcaba las ramas locales y ascendía, a través de federaciones nacionales, hasta una única central, la CGT. A su vez, la legislación disponía la posibilidad para el Estado de intervenir cualquier sindicato, mientras que el reconocimiento de los sindicatos autorizados para las negociaciones colectivas quedaba en manos del Ministerio de Trabajo. Esto se estableció por medio de un decreto de octubre de 1945, la Ley de Asociaciones Profesionales, que estableció el derecho del Estado a supervisar amplias áreas de la actividad sindical.

[8] A este respecto es interesante destacar que, si en el golpe de 1955 el ataque de las clases dominantes se concentró en las cúpulas sindicales (con intervenciones de numerosos sindicatos nacionales, ilegalización de otros, etc), y en menor medida en las comisiones internas y cuerpos de delegados muchos de los cuales siguieron funcionando en la clandestinidad; la estrategia de las clases dominantes en el golpe de estado de 1976 fue concentrar su ataque en las organizaciones obreras de base, primero a través de la Triple A y luego del 24 de marzo, a través del secuestro y desaparición de miles de delegados y activistas obreros. Así lo señala Arturo Fernández “El llamado ´Proceso´, al contrario de anteriores ofensivas antisindicales, no descuidó la neutralización de las bases sindicales, ubicadas en las comisiones internas de fábrica; al contrario, contra ellas se dirigió con particular saña el terrorismo de Estado, pretendiendo arrancar de cuajo la radicalización observada en los jóvenes activistas sindicales desde fines de los años sesenta. Asimismo, la liquidación de esas importantes células vitales de la estructura gremial aseguraba que no hubiese un pronto relevo de las capas sindicales burocratizadas, las cuales quedaron profundamente aisladas de las masas obreras y populares” (Fernández, 1998: p. 128). Esto explica que, como se observa en el informe de la CONADEP, el 65% de los desaparecidos en nuestro país pertenezca a la clase trabajadora.

[9] Adolfo Gilly define el período abierto por el Cordobazo, en mayo de 1969, como el período en que la crisis central del Estado en Argentina se ubica, ya no en la relación horizontal de competencia entre las distintas fracciones del capital, sino en la relación vertical de explotación. En esta crisis hegemonizada por el enfrentamiento entre capital y trabajo, las comisiones internas fueron actores fundamentales.

[10] Recordemos que esta relación dialéctica crea configuraciones momentáneas en las que el capital o el trabajo logran recomponer fuerzas. Para tomar solamente un antecedente de lo sucedido en el ’76, valga recordar que la dictadura de Onganía se caracterizó, por un lado por la persecución de dirigentes, inhabilitación de la negociación colectiva, una política restrictiva en términos de salarios, etc. pero a su vez, la respuesta obrera en lo que supuso el Cordobazo (se trata de una rebelión popular acaecida en la Provincia de Córdoba y que provocó más tarde la destitución del presidente Onganía).

[11] Recordemos que a fines de 1973, bajo el gobierno de Juan Domingo Perón, se dio a conocer la organización AAA, constituyéndose un organismo estatal (aunque no legalizado) al servicio de la persecución de activistas. Para un análisis al respecto, véase Andrea Robles (2007).

[12] En Montes Cató (2006) y Montes Cató y Ventrici (2009) trabajamos con la noción de clandestinidad para dar cuenta de los procesos de organización en condiciones de fuerte persecución de activistas tanto en el caso de los telefónicos como en el de los trabajadores del subte durante los noventa.

[13] Se trata de la denominación de la Resolución por la cual el gobierno modificaba el esquema porcentual de las retenciones a las exportaciones agropecuarias

[14] El delegado sindical es una figura reglamentada por la Ley de asociaciones sindicales. Entre varias  disposiciones se encuentra una de las más importantes referida a los fueros, es decir no pueden ser despedidos mientras dure su mandato.

[15] Señalar el crecimiento de los sectores industriales no significa ocultar que desde hace 8 años el sector financiero tuvo enormes ganancias. Pero la expansión del mercado interno permite potenciar algunos sectores industriales que claramente con el modelo económico anterior tenían difíciles condiciones de desarrollo.